ICE, la Policía, y la victimización de agentes del Estado ¿Cómo se le llama a un agente agresor?

Un policía se aproxima a cada intervención en uniforme, en ocasiones con el biombo cegante de su patrulla. La gran mayoría son hombres que usualmente usan un chaleco antibalas que los hace ver más grandes, y unas botas que añaden estatura al mínimo de 5’3” para ingresar al Negociado de la Policía de Puerto Rico. Se bajan de la patrulla, a veces tienen gafas, se aproximan a la ventana del auto, enderezan su postura para parecer más altos, y asumen un tono de voz para expresar autoridad y pedir una identificación. No es nueva la imagen del hombre con placa del Estado que descansa su mano sobre el arma de reglamento en su cinturón, en el que puede tener un batón, una pistola taser amarilla, algún pote de gas pimienta, y unas restricciones metálicas. Cuando el Estado y el Negociado de la Policía de Puerto Rico hablan de sus policías, siempre (absolutamente siempre) justifican cualquier uso de fuerza como necesario, adecuado y hasta heroico. Por el contrario, cuando habla de las personas intervenidas que recibieron el uso de fuerza, suelen referirse a ellas como agresivas, incluso cuando el objeto de la temida agresión física pueda ser un palo de escoba, un boleto que acabó de dar un policía, o simplemente no exista. Ya lo hemos documentado: según el Estado, un policía nunca es agresor aunque rompa un cráneo con una macana, aunque realice una, dos o tres descargas eléctricas contra una persona, o aunque vacíe su pistola contra un ser humano. Lo mismo ocurre con los agentes de ICE en Puerto Rico, que desde enero realizan operativos de terror en las comunidades y sitios de trabajo de personas migrantes y racializadas. No tan solo Rebecca González Ramos, directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan, justifica cada una de las intervenciones de ICE, sino que ha sugerido que las víctimas verdaderamente son sus agentes: uniformados, armados, protegidos, acompañados, financiados, y a la vez tan frágiles.

La noche del 15 de noviembre, circuló un video que presenta a una comunidad defendiéndose de varios agentes con insignias de “POLICE” y “HSI” que forcejeaban con varias personas en la calle 12 de Capetillo, una comunidad de Río Piedras en San Juan. Chalecos antibala, pistolas, ‘tasers’, amarres plásticos, tal vez algún agente químico, enmascarados y ocultos en la oscuridad, como una policía secreta. Los agentes se pararon sobre varias personas en la brea, arrastraron a otras, metieron varios puños, usaron el taser en al menos dos ocasiones, arrojaron a una mujer embarazada al suelo, raptaron a al menos una persona, se montaron en dos guaguas no rotuladas con las que suelen merodear las comunidades (una negra, tablilla JPF 224, y una gris, KGI 596), y se fueron. Luego de la intervención, las personas afectas hablaron, revelando información que las agencias suelen ocultar: los agentes agredieron a un menor de 17 años con agarres y puños, empujaron a la mujer embarazada que fue en defensa del joven, su hermano, y le rompieron el tobillo al mismo vecino que le aplicaron descargas eléctricas. Se trató de una comunidad de familiares y vecinos que salieron en defensa de un ser querido y miembro del barrio. Una mujer testigo de la intervención cuestionó en entrevista con Kilómetro Cero: “Si tú ves a un familiar tuyo siendo atacado, ¿qué vas a hacer? Es bien inhumano cómo ellos [agentes de ICE] tratan a las personas… Si tú ves a tu raza y sangre que la están violentando todo el mundo va a reaccionar de la misma manera y se va a meter [a protegerla]”.

Inmediatamente el director interino de HSI en San Juan, Yariel Ramos, reaccionó en medios de prensa que ICE-HSI redoblará las medidas de seguridad “ante lo que perciben como un aumento de hostilidad en contra de sus oficiales”. Semanas antes, la directora de HSI en San Juan, Rebecca González Ramos había expresado que le preocupa el nivel de agresión a los agentes de ICE, alegando que “no tiene precedente” un presunto aumento de 1,000% en las agresiones en Estados Unidos y Puerto Rico, un número desorbitado y exagerado. En una entrevista, menciona 3 casos específicos de alegadas agresiones físicas a los agentes de ICE en Puerto Rico entre junio y octubre. Entre estos, alegó, ““el incidente más reciente en Puerto Rico, hace dos semanas [a mediados de octubre], un agente fue presuntamente agredido ‘con un zapato’”.

En abril ese porcentaje fue 300%, en mayo y mediados de junio fue 413%, a finales de junio fue 500%, y en julio alegadamente aumentó a 830%, cuando Rebeca González amenazó con arrestar a cualquiera que “interfiera” con las detenciones de ICE en Puerto Rico. También justificó que los agentes ocultaran sus caras con máscaras. Ni Rebecca González Ramos ni el gobierno federal han revelado las cifras detrás de esos porcentajes tan exorbitantes, ni qué, exactamente, significa agresión en estos casos. Nuestra experiencia documentando la violencia policial en Puerto Rico nos sugiere que “agresión” para una agencia de ley y orden puede significar lo que sea.

Tanto la oficina de HSI en San Juan a cargo de Rebecca González, como el gobierno federal que establece como política pública estas detenciones, son responsables por las agresiones que cometen los agentes de ICE en Puerto Rico, por promover una idea de que sus agentes siempre están en peligro. Las alegadas agresiones a agentes de ley y orden son situaciones extraordinarias que las policías utilizan para justificar su violencia ordinaria. La práctica de González Ramos de reciclar el argumento de las agencias federales y de justificar la anonimidad de los agentes, reclamando que la prevalencia de agentes de ICE enmascarados en Puerto Rico “responde a criterios de ‘protección’ tras las amenazas que alegan haber recibido” pone en peligro a cualquier persona que interviene el ICE, ya que promueve en sus agentes una cultura de absoluta impunidad, de anonimato y secretismo. El patrón es evidente: ICE suele enfatizar las agresiones y las lesiones que reciben sus agentes, alegando una peligrosidad para ellos, mientras omite y esconde la violencia y agresiones que sus agentes realizan. Resaltar únicamente la peligrosidad en su trabajo funciona para fabricar la justificación de llevar a cabo intervenciones cada vez más violentas.

HSI en Puerto Rico ha detenido a al menos 1,384 personas en la isla con estatus migratorio no definido . Eso son aproximadamente 126 detenciones en cada mes de 2025, lo que significa que cada mes de este año la agencia federal ha detenido a más personas que en el año completo de 2024, cuando arrestó a unas 80 personas en Puerto Rico. Lejos de tratarse de asuntos relacionados a la seguridad pública, las intervenciones son motivadas por el perfilamiento racial y el racismo institucional. Es decir, las intervenciones de ICE se realizan en comunidades en las que se conoce que viven personas migrantes y racializadas. En el caso de Puerto Rico el 75% de las detenciones (1,041 personas) fueron a personas que, alega la agencia, eran dominicanas. El motivo de los agentes de ICE para intervenir con alguien suele ser el color de piel de la persona, sus facciones o su acento.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico también reproduce esta práctica de convertirse en víctima. Luego de publicar un panel de datos sobre el uso de fuerza policial, el Negociado establece que desde 2022, entre 3,447 incidentes de uso de fuerza, 494 policías recibieron lesiones. Sin embargo, cuando vemos la gráfica de las personas intervenidas que resultaron heridas, la policía afirma que no ha lesionado a ninguna persona en intervenciones desde 2022, a pesar de la extensa documentación a lo largo de los años y al menos 36 muertes por uso de fuerza policial de estatales según nuestra documentación a partir de ese periodo. Este problema se ha denunciado en cartas, comunicados y publicaciones pero por casi dos años la Policía se ha rehusado a corregirlo. Lo que al principio pudo haber sido un error peligroso de cometer, se convierte en un acto a sabiendas de ocultar información y mentirle al país. Las agencias de ley y orden como ICE y la Policía de Puerto Rico han sido consistentes con la práctica de ocultar el daño que ocasionan a seres humanos, mientras resaltan el alegado daño que ellos reciben.

(Captura del panel de Estadísticas de uso de fuerza del Negociado de la Policía de Puerto Rico, tomada el 20 de noviembre de 2025)

Cuando funcionarias como Rebecca González Ramos ofrecen cifras como un 1,000%, es deber de los medios periodísticos sospechar y cuestionar qué se esconde o qué se exagera tras la cifra. Lo contrario es Copaganda. La Copaganda, o propaganda policial, nunca es neutral ni imparcial: es una narrativa que proviene de y es a favor de los cuerpos policiales. Las agencias policiales tienden a definir qué nos amenaza y distorsionar nuestra visión de qué es seguridad. Tomar la versión de una agencia creada para ejercer la violencia como verdadera y absoluta, sin cuestionar las cifras, reproduce esa visión que define a las comunidades como peligrosas y a las policías como víctimas. Tanto ICE como la Policía cometen actos casuales y cotidianos de violencia física y psicológica, pero pocas veces se les llama violentos o agresivos.

No puede existir una Policía secreta en Puerto Rico. El Estado espera ejercer violencia contra las comunidades migrantes y racializadas y categoriza cualquier acto de apoyo mutuo o de protección de un vecino que está siendo secuestrado por hombres enmascarados y armados como violencia y agresión. La presencia de ICE y el impacto de las ordenanzas racistas y anti migratorias del gobierno federal acentúan nuestra relación colonial con Estados Unidos. Sobre la redada migratoria que aquí destacamos, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech Fernández, indicó en conferencia de prensa que más allá del diálogo con las agencias federales, el gobierno de Puerto Rico, que ha sido cómplice con la presencia de ICE y de las fuerzas militares en la Isla, no puede hacer más, sino que “el gobierno federal tiene una supremacía sobre el gobierno estatal”.

ICE funge como una policía secreta ajena a Puerto Rico, que su única función es secuestrar personas, separar familias, y llenar cárceles. Es una policía que defiende sus acciones como correctas, como un mero trabajo, pero que requiere secreto y anonimidad para hacerlo. En cualquier libro, ese es el villano del cuento, el que cumple las órdenes del régimen, enmascarado, armado y oculto en la noche, contrario a quien, para proteger a su comunidad, distrae, graba, obstruye vehículos, grita en megáfonos, insulta a los hombres enmascarados y comparte información. Mínimamente protegemos a las comunidades en Puerto Rico y la democracia cuando denunciamos y rechazamos la existencia de una policía secreta.

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El autor es coordinador de documentación en Kilómetro Cero