DECIMOS SUS NOMBRES CUANDO EL ESTADO LOS NIEGA:
Gabriel Alejandro Vasandani Soto tenía 18 años. Era el hermano mayor de sus dos hermanas. Había terminado el onceavo grado de escuela superior, trabajaba en una hielera y los sábados lavaba autos. El adolescente estaba dentro de un auto estacionado cuando policías sin identificar dispararon hacia el vehículo. Una de las balas tuvo entrada en el omoplato y salida en el área del corazón. Murió en el lugar, esa madrugada del 23 de enero de 2025, a pasos del edificio donde vivía en el Residencial Jardines de Cataño. El joven no portaba arma de fuego.
Los hermanos Brandon James Rivera y Brian A. Malavé Rivera tenían 23 y 20 años respectivamente. Brandon era padre de una niña de dos años, era barbero y soñaba con ser músico. Brian estudiaba refrigeración, era reservado, observador y muy trabajador. Los hermanos conducían una motora que compraron esa misma noche, cuando agentes de la Policía de Puerto Rico comenzaron una persecución y dispararon contra ellos, en la madrugada del 11 de octubre de 2024. Ambos murieron frente al hogar de su abuela en Cataño.
Agitamos por un Puerto Rico en el que nuestra juventud pueda vivir en paz, no donde el Estado justifique sus muertes. Para eso debemos abandonar la idea de seguridad pública que se concibe como más castigo y más vigilancia, y transformarla hacia una de reparación, buen vivir y buen tejido comunitario. Es necesaria la acción de imaginar otra seguridad pública.
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La Policía de Puerto Rico actúa como si tuviese licencia para matar
El Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene un largo historial de violaciones de derechos civiles y abuso sistémico contra la ciudadanía, en muchos de estos casos sus oficiales hacen uso de fuerza policial.
A pesar de que el Tribunal Federal de Estados Unidos en 2013 le aplicó una reforma a raíz de encontrar un patrón de violaciones a los derechos civiles, los cuerpos policiales en el País continúan interviniendo violentamente contra la ciudadanía. En Kilómetro Cero llevamos un monitoreo de estos casos para propósitos de análisis y abogacía pública.
Desde el 2014, al menos 121 personas han muerto por uso de fuerza policial en Puerto Rico.
En nuestro informe, Licencia para matar, concluimos mediante el análisis de datos que la violencia policial es dirigida predominantemente a hombres, jóvenes y sin estudios, y a nivel geográfico, a vecindarios pobres y racialmente mixtos. En ninguno de los casos suelen presentarse cargos criminales contra policías, ya que cada vez que un policía mata a una persona, el gobierno lo justifica como “legítima defensa”.
Es evidente que en nuestro país existe una cultura de impunidad ante el abuso policial. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inaceptable.
¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS?
Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas debe llevarlas a cabo una entidad autónoma de la Policía con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales debe efectuarlas una fiscalía especializada en delitos de agentes del orden público.
Que se presenten cargos criminales y administrativos a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en las diversas Policías del país, a nivel interno.
Transparencia absoluta en la información.
Que el manejo de crisis de salud mental en Puerto Rico esté a cargo de personal capacitado y NO de la Policía. Llamar a la Policía en estas situaciones es un riesgo mayor para la persona en crisis, su familia y su comunidad. NO es rol de las policías estatales, municipales o penales manejar crisis emocionales o de salud mental. Exigimos que los casos de crisis, salud mental se atiendan con personal salubrista capacitado y con la diligencia y sensibilidad que ameritan. Para más información, visite: www.quenosealapolicia.com
Creación de un sistema de seguridad vial que NO envuelva a las Policías. La seguridad vial debe estar a cargo de equipos desarmados, enfocados en salud pública y reducción de daños. Demasiados casos de muertes por uso de fuerza policial ocurren a raíz de intervenciones administrativas de tránsito. Que la policía sea responsable de la seguridad vial es un riesgo para la ciudadanía, especialmente para grupos vulnerables como son la juventud, las personas negras y personas de vecindarios empobrecidos.
Desplazar recursos económicos de la Policía hacia estos sistemas de respuesta salubrista. Exigimos se dispongan los recursos para ofrecer una verdadera respuesta de emergencia a nuestras personas más vulnerables.
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Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro. Aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.