De las últimas 16 personas muertas por uso de fuerza de Policía PR, 10 NO portaban armas de fuego

Carlos Cruz Acevedo, de 24 años, podría ser la 4ta persona muerta por uso de fuerza de la Policía estatal en lo que va de año.

Verdaderamente nos preguntamos: ¿La estrategia anti-crimen de la Policía de Puerto Rico es matar a los asaltantes, aunque estos no tengan arma de fuego?

Cuando el "asaltante" tiene arma de fuego, dicen que hay que matarlo por el peligro que representa. Pero cuando no la tiene: ¿también hay que matarlo?

Es decir: ¿La Policía de Puerto Rico -que se supone sea precisamente la que mejor pueda manejar situaciones conflictivas y de amenaza salvaguardando la vida e integridad, porque debe estar adiestrada para ello y tiene variedad de herramientas para intervenir- siempre tiene licencia para matar, no importa las circunstancias?

Según esta noticia, a esta persona que alegadamente se disponía a asaltar un lugar de comida rápida, se le ocupó un cuchillo. No se menciona que hubiese atentado contra nadie. Se desconoce qué hizo cuando alegadamente se le dio el alto. ¿Atacó o intentó atacar a alguien? No sabemos. Y el problema es que no lo sabremos durante mucho tiempo porque el Estado no provee la información, ni siquiera cuando ya ha culminado la investigación.

Todos los agentes de la seguridad pública tienen que estar adiestrados para intervenir en conflictos con personas sin matarlas.  

Por puesto que pueden haber casos excepcionales en los que haya una amenaza real e inminente a la vida y un policía se vea obligado a protegerla, utilizando fuerza letal contra una persona. Sin embargo, hay que analizar los datos para identificar y denunciar un problema sistémico que parece persistir dentro de la Uniformada. La documentación que hemos recopilado desde 2019 en Cuéntame, nuestro sistema de monitoreo, nos indica que, de al menos 16 ciudadanos que murieron por uso de fuerza de la Policía desde 2019, 10 NO portaban armas de fuego. Si bien algunos portaban armas blancas, las políticas de uso de fuerza de la Policía exigen que esta se ejerza de forma:

  1. razonable

  2. proporcional 

  3. y escalonada. 

¿Es proporcional matar a una persona porque tenga un cuchillo en la mano?

¿Cuántos policías mueren al año porque alguien los haya atacado con un cuchillo? El año pasado, ninguno en todo Estados Unidos, según datos del FBI. En la última década se han reportado 3 casos de este tipo en todo Estados Unidos según esa misma fuente. A nivel internacional, diversidad de datos señalan que menos de 1% de los ataques a policías han sido con armas blancas.

¿Cómo entonces se justifica la fuerza letal del Estado contra una persona que porta un arma blanca (cuchillos, rotenes…) o no porta ninguna?

Es obligación del Estado adiestrar a su fuerza de seguridad para proteger la vida por encima de todo. Aunque hayan situaciones en que se justifique el uso de fuerza letal, esta no puede ser la alternativa generalizada, especialmente cuando los datos nos señalan que las víctimas de la Policía son mayormente personas de bajos recursos económicos y de poblaciones marginadas, precisamente los más vulnerables y afectados por la desigualdad socioeconómica.

La Policía solo puede utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida de un ataque inminente. Se ha probado que las políticas restrictivas de uso de fuerza son vitales para salvar vidas, incluso de policías.

El trabajo de la Policía NO es matarnos. Ni siquiera es castigarnos. En un país que aspire a ser democrático, un agente del Estado no puede ser policía, juez y verdugo.

¿Qué queremos?

  1. Adiestramientos rigurosos que se adhieran a las políticas de uso de fuerza que están en vigor en la agencia. La cultura que debe forjarse en la Policía es una de utilización de estrategias no violentas

  2. Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas debe llevarlas a cabo una entidad autónoma de la Policía con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales debe efectuarlas una fiscalía especial para delitos de funcionarios de seguridad pública.

  3. Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.

  4. Mecanismos confiables y transparentes de rendición de cuentas, tanto a nivel interno en la Policía como externo.

  5. Transparencia absoluta en la información. 

  6. Procesos independientes y rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico.

#AgitaYTransforma #OjoALaPolicía #FueElEstado

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