Justicia no procesa a policías abusadores pero criminaliza a adulto mayor víctima de violencia policial
A casi siete meses del arresto y agresión de Roberto Capella Casellas por parte de policías, se pospuso la primera vista sobre el caso criminal en su contra, que se celebró el lunes por la mañana, donde un policía involucrado alegó olvidar detalles cruciales sobre la intervención.
Roberto Capella Casellas, de 63 años, recibió una descarga de Dispositivo de control electrónico (DCE o taser) y fue tirado al suelo y arrestado por tres oficiales de la Policía estatal en una intervención de tránsito en la PR-2 en Aguadilla, el pasado 4 de julio de 2022. Esto a pesar de que, en todo momento, Capella Casellas mantuvo la calma durante la conversación con los agentes y no ejerció fuerza, si bien no respondió inmediatamente a las solicitudes de documentos de los oficiales Xavier Muñoz Figueroa y Losangel Acevedo Pérez, quienes lo detuvieron.
El inicio del juicio sobre este caso se celebró el pasado lunes 27 de febrero, donde el abogado de Capella Casellas, el Lic. Gabriel Oliveri, interrogó al agente Xavier Muñoz Figueroa. No obstante, el juez suspendió la vista en pleno interrogatorio y la recalendarizó para el martes, 7 de marzo a las 9:30 a.m.
Antes de la abrupta suspensión, esto fue lo que dijo el agente Muñoz Figueroa durante la vista:
Admitió que se le "olvidó" incluir información y detalles cruciales de la intervención en su declaración jurada emitida el 5 de julio, un día después del incidente, como la mención de la razón del arresto como obstrucción a la justicia.
Admitió no haber leído, conocer ni seguir el contenido de la Orden General #600 titulada "Reglas para el Uso de Fuerza por Miembros de la Policía de Puerto Rico" ni del Manual Operacional de Intervención en Crisis.
También admitió no recordar varios de los sucesos:
No recuerda si el vehículo que condució en la intervención estaba debidamente rotulado;
No recuerda cuando Capella Casellas le indicó en múltiples ocasiones que no se sentía seguro durante la intervención;
No recuerda si le preguntó a Capellas Casellas por qué no se sentía seguro o si tenía algún problema de salud o diversidad funcional;
No se recuerda de las personas que acompañaban a Capella Casellas, específicamente de la persona menor de edad;
Luego de casi siete meses, el Estado solo ha tomado medidas para criminalizar a la persona que fue víctima de violencia policial. Ni a nivel administrativo ni penal ha habido un proceso de rendición de cuentas contra los varios agentes que ejercieron fuerza excesiva contra Capella Casellas. Esto incluye al sargento Gabriel Acevedo Pérez (#8-33406), el oficial que vestía de civil durante la agresión a Capella y cuyo historial en la Uniformada Kilómetro 0 denunció en aquel momento, pues tiene en su expediente dos muertes por uso de fuerza policial (2015 y 2021) y un arresto por violencia doméstica, entre otros usos de fuerza cuestionables.
“Las acciones violentas o excesivas de los agentes no tienen consecuencias porque no existen mecanismos serios, confiables y mucho menos independientes de supervisión ni rendición de cuentas”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Km0. “Esto no hace sino alimentar esa violencia y abuso de poder, así como la cultura de absoluta impunidad dentro de la Uniformada”.
Añadió que “toda instancia en que integrantes de la Policía ejercen conducta potencialmente criminal, tiene que ser investigada por un ente independiente y especializado en delitos de agentes del orden público. En estos casos, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a los oficiales que violentan derechos y abusan de la fuerza. De lo contrario, se continuará incentivando la violencia de Estado y por eso el Departamento de Justicia es tan responsable de estos abusos e impunidad como el Negociado de la Policía”.
Debemos volver a señalar que, como en esta intervención, la Policía de Puerto Rico ha demostrado que, ni siquiera bajo un proceso de reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía. Resulta difícil justificar que se escale el uso de fuerza contra una persona mayor de edad, desarmada, en su propio vehículo, y que, si bien no respondió de inmediato a las solicitudes de los oficiales, nunca representó riesgo de muerte o grave daño corporal a las personas presentes. En intervenciones vehiculares, siempre son los grupos más vulnerables contra los que la Policía ejerce un uso de fuerza e intimidación excesivo.
Es por eso que en Km0 abogamos por la seguridad de las comunidades, que se alcanza cuando se invierte en su bienestar: en acceso a servicios médicos, en calidad de vida, en empleos dignos, en parques y en escuelas abiertas. Esto, por necesidad, debe implicar una reducción de los roles de la Policía, una reducción de su interacción con la ciudadanía, así como una reinversión del masivo presupuesto que se le ha otorgado a nuestras comunidades.
Únete aquí a nuestros reclamos y exige mecanismos confiables e independientes de supervisión y rendición de cuentas para agentes que incurran en exceso de uso de fuerza y poder.