El derecho a la protesta es fundamental para una democracia: libertad de expresión y manejo de la Policía

Durante la demostración de ayer frente al Hotel Caribe Hilton, la Policía de Puerto Rico exhibió exceso de presencia policial y uso de fuerza, lo cual violenta el derecho fundamental a la protesta porque no sólo lo reprime sino también desincentiva que otras personas se unan a la manifestación.

Durante la mayoría de las protestas, tanto manifestantes como policías reciben provocaciones. Sin embargo, hay diferencias significativas entre ambos grupos. La Policía representa al Estado. Está obligada a observar una conducta intachable, ética, a garantizar derechos fundamentales y a proteger la vida de la gente por encima de la propiedad. A diferencia de la ciudadanía, la Policía cuenta con cascos, chalecos a prueba de balas, escudos y múltiples herramientas de uso de fuerza como son las macanas y los agentes químicos, entre otras. Las personas manifestantes cuentan básicamente con botellas de agua, solución Seattle y sus consignas.

El adiestramiento de la Policía para manejo de multitudes tiene que incluir prepararse para las distintas formas anticipables en que las personas expresan su ira y desahogo. La Policía debe estar preparada para lidiar con insultos, palabras de odio, proyectiles e intentos de cruzar perímetros. Aunque en Puerto Rico las protestas incluyen bailes, música, arte y sátiras, estas no son celebraciones. Ocurren, precisamente, porque la gente está indignada por asuntos que afectan sus vidas directamente. La Policía debe prepararse para manejar la ira del pueblo con estrategias no violentas de mitigación de tensiones, no para empeorar la situación. De hecho, la mera presencia policiaca excesiva se considera un uso de fuerza y es motivo de provocación para los protestantes y de desincentivación de la protesta para quienes están considerando unirse.

La Policía no tiene autoridad para decidir cuándo empieza o termina una manifestación. Si las personas entienden que deben estar días completos protestando, la Policía no puede evitarlo. Debe tomar medidas para poder garantizar la protesta. Si hay destrucción de propiedad, la Policía puede intervenir con las personas específicas que están cometiendo ese delito, sin afectar el derecho a la protesta de la mayoría.

Nunca, durante una manifestación, la Policía debe agredir a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma o golpizas. No hay forma de justificar el abuso de poder y de fuerza contra personas que disienten ejerciendo sus derechos democráticos. A la Policía nunca le corresponde castigarnos.

Por último, si algo está claro es que este ambiente de inestabilidad, indignación generalizada y frustración es responsabilidad de la señora Gobernadora y su Administración. En sus manos está responder con soluciones concretas a los reclamos más que justificados de la ciudadanía.